Una de las flexibilizaciones será la reducción de los montos de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones que se exigen para la obtención de la residencia fiscal.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, intenta flexibilizar los trámites para que los inmigrantes obtengan la residencia legal y también ofrecer beneficios fiscales con el fin de que puedan llevar sus bienes al país vecino.
Su intención es que unos 100.000 argentinos se muden, o al menos lleven sus capitales, al país vecino, según trascendió luego de un encuentro con miembros de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.
Estas medidas del país vecino, sumadas a la crisis inmobiliaria local, motivó a personas con alto nivel de ingresos o dueños de un patrimonio importante a averiguar para obtener el cambio de residencia.
Una de las claves es que en Uruguay no se gravan las ganancias o los bienes que se generan o están fuera del país; es decir, si un argentino obtiene la residencia fiscal en Uruguay, para lo que efectivamente debe vivir allí, y tiene bienes en cualquier otro país fuera de Uruguay, no debe aportar al fisco por esos bienes.
La reciente Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado, impuso varios cambios en el impuesto a los Bienes Personales para los contribuyentes argentinos; entre ellos una alícuota diferencial de 2,25% para los bienes que están fuera del país.
El equivalente uruguayo al impuesto a los Bienes Personales es el impuesto patrimonial, que se empieza a tributar a partir de los USD 250.000, mientas que en la Argentina es a partir de los $2 millones, menos de USD 30.000.
Además, en Uruguay toman en cuenta activos y pasivos, mientras que en la Argentina no se contemplan las deudas, salvo para los casos de deudas hipotecarias por vivienda propia.
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