La reciente desaceleración de la inflación ha sido recibida con optimismo por parte del Gobierno, que la considera un logro y un indicador de una gestión económica efectiva. No obstante, detrás de esta aparente mejora, existen factores preocupantes que podrían poner en duda la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.
La inflación es un fenómeno económico que se refiere al aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo específico. Esto significa que con el mismo monto de dinero, se puede adquirir menos bienes y servicios en el futuro. Varios factores pueden desencadenar la inflación, como el aumento en los costos de producción, el crecimiento de la demanda, la expansión de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales, o factores externos como fluctuaciones en los precios de los productos básicos o cambios en los tipos de cambio.
En los últimos meses, Argentina ha experimentado una desaceleración en su tasa de inflación, pasando del 25,5% de diciembre a un 20,6% en enero, para finalmente llegar a un salto mensual del 13,2% en febrero. Sin embargo, surge la pregunta sobre si esta disminución es sostenible a largo plazo.
Fuente: LP CONSULTING en base a datos de INDEC
Reducción de gastos debido a la disminución del impacto de los pagos de jubilaciones.
En el segundo mes de 2024, el superávit primario del Estado, es decir, la diferencia entre los gastos y la recaudación, alcanzó los $1.232.525 millones, mientras que el superávit financiero, que incluye el resultado primario menos el pago de intereses de la deuda, llegó a $338.112 millones.
Esto marca dos meses consecutivos de excedente financiero para el Sector Público Nacional, siendo la primera vez desde principios de 2011, acumulando un superávit luego de intereses de casi el 0,2% del PIB en el primer bimestre de 2024.
Al analizar el impacto de cada partida en la reducción del gasto total en términos reales, se observa que las prestaciones sociales fueron la principal contribución al superávit fiscal, representando el 45,7% del total de fondos recortados. Le siguen los gastos de capital, que representan el 23,7% del total, y los subsidios económicos, que representan el 12,2%.
La reducción en las asignaciones presupuestarias para la protección social, más que una simple disminución del poder adquisitivo de los beneficiarios, refleja una estrategia que se apoya en la inflación. Esta reducción de los gastos sociales, eficaz a corto plazo, enfrenta un dilema estructural: su viabilidad depende directamente de mantener niveles elevados de inflación. A medida que la inflación disminuye, el gasto en protección social como porcentaje del PIB inevitablemente aumenta, revelando las vulnerabilidades de este enfoque. Aunque el impacto social de estas medidas se considera secundario, sigue siendo crucial, ya que se deben contemplar las consecuencias de largo alcance que esta dinámica puede tener en la población más vulnerable.
Gastos no pagados
Otro aspecto que subraya la falta de sostenibilidad en la reducción del gasto es que se ha logrado mediante el aplazamiento de pagos, los cuales eventualmente tendrán que ser cumplidos. Ejemplos de esto incluyen las deudas con los sistemas de jubilaciones y el sector energético.
La falta de pago o el retraso en el cumplimiento de estas obligaciones, especialmente sin una estrategia clara para abordar el pasivo acumulado en los sistemas de jubilaciones y el déficit en el sector energético, sugiere que cualquier mejora en la reducción del gasto es temporal. El resultado positivo es transitorio, ya que en algún momento estas deudas deberán ser pagadas efectivamente.
Caída de la actividad económica
En febrero, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) disminuyeron un 25,5% a precios constantes, acumulando un descenso del 27% en el primer bimestre del año en comparación con el mismo período del año pasado. En términos mensuales, las ventas cayeron un 7,4%. Varios comercios describieron febrero como un mes desalentador, con días consecutivos sin ventas registradas. Las familias evidenciaron sus dificultades económicas, y en muchos hogares se recurrió al desahorro (los gastos superaron a los ingresos) para llegar a fin de mes.
Fuente: LP CONSULTING en base a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
El marcado declive en el consumo es un claro indicador de la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. Esta disminución en el consumo impacta directamente en la dinámica de formación de precios.
La reducción en la actividad económica también puede haber contribuido a una menor presión inflacionaria, pero no es sostenible a largo plazo. Utilizar la desaceleración económica como estrategia para controlar la inflación resulta ser una solución de corto plazo. Esta táctica no es viable ni sostenible en el tiempo.
La continua dependencia en la desaceleración económica para combatir la inflación conlleva una menor demanda de mano de obra, lo que aumenta las tasas de desempleo, desincentiva la inversión y afecta negativamente los ingresos fiscales debido a una economía estancada. La combinación de desempleo, reducción de ingresos y menor recaudación puede agravar los problemas sociales, como la pobreza y la desigualdad, demostrando así la insostenibilidad a largo plazo de esta estrategia para reducir la inflación.
Hacia una solución de carácter estructural
Es fundamental transitar de un ajuste fiscal temporal, que se apoya en la aceleración inflacionaria para reducir gastos, la suspensión de pagos para alcanzar un superávit momentáneo y la disminución en la actividad económica, hacia una reducción sostenida de los gastos acompañados de una mejora en la calidad de las intervenciones del Estado.
Un reordenamiento integral del Estado implica abordar los desafíos de Argentina desde dos aspectos fundamentales: la reforma del sistema tributario para optimizar los ingresos y la mejora en la gestión del gasto público. En lo que respecta a los ingresos, es crucial establecer un sistema tributario más eficiente, equitativo y menos distorsionador. Respecto al gasto, la reforma debe enfocarse en mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público, eliminando duplicidades entre jurisdicciones y fomentando mejoras en la gestión de los organismos públicos.
Fuente: LP CONSULTING