En Argentina hay una tendencia a creer que las empresas del Estado tienen un rol estratégico que justifica que sean subsidiadas. Se hizo tanto abuso de esta práctica que se llegó al extremo de asignar más subsidios a empresas públicas que lo que se invierte en la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar.
El gobierno nacional está en un laberinto donde no encuentra la salida de cómo bajar el déficit fiscal. Un camino es desarmar la maraña de empresas públicas que generan más de la mitad del déficit fiscal. En los países ordenados, el Estado promueve actividades, pero lo hace con subsidios directos y medición de resultados a las empresas del sector privado.
Para no dar por caído el acuerdo, el FMI tuvo que flexibilizar las metas en función de la muy alta inflación. La principal causa de la inflación es la emisión monetaria que demandan los subsidios económicos. Esto no se resuelve con la demorada segmentación de tarifas sino con un ordenamiento del Estado.
El déficit fiscal es altamente sensible a los subsidios económicos. Por esta razón, es difícil cumplir con la senda acordada con el FMI sin revisarlos. Esto no sólo demanda establecer un nuevo régimen tarifario sino también ordenar la forma en que se organizan los servicios del Estado