Cambiemos con ayuda del massismo y de Argentina Federal logró la ley para legalizar los aportes de empresas privadas en campaña.
Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo logró su objetivo de contar con la reforma electoral para que esté vigente en el proceso de este año.
El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, “restablece el financiamiento mixto de los partidos en campañas”, “evita la informalidad” al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a “los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario” de las agrupaciones políticas.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta “privatización de la política”, como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos “esconden una hipocresía” porque en los hechos las empresas siempre “terminan contribuyendo a las campañas”.
La norma aprobada reforma la ley electoral y habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la Justicia para esa campaña.
La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó el proyecto al plantear que “es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y como tal de aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretenden una contraprestación a cambio”.
En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías “debe ser absoluta”, y opinó que “el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado”. En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como “el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas”.
MENOS PUBLICIDAD. La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.
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