Este programa constituye el plan social más importante de Argentina, beneficiando a 1,5 millones de personas. Sin embargo, su administración ha estado marcada por numerosas controversias. En el contexto de un entorno socioeconómico tan complicado, surge la interrogante de cómo abordar esta problemática de manera efectiva.
En el caso específico del gobierno de Javier Milei y su decisión de dar de baja a los más de ocho mil empleados públicos que cobran el plan Potenciar Trabajo, se evidencia una vez más la controversia que rodea a este programa social. Durante el año 2023, la eliminación de beneficiarios por no cumplir con requisitos de validación de identidad, por la compra de dólares y por viajes al exterior generó tensiones adicionales.
Estas controversias plantean interrogantes sobre la efectividad y los posibles errores de diseño del plan. Es crucial reflexionar sobre cómo mejorar estos programas sociales para que cumplan de manera efectiva su objetivo de brindar contención a las familias en situación de vulnerabilidad.
Posiblemente, se requiera un análisis profundo del diseño del plan Potenciar Trabajo, considerando la necesidad de establecer criterios claros y justos para la permanencia de los beneficiarios. Además, podría ser útil implementar mecanismos de seguimiento más eficaces y transparentes, así como establecer medidas preventivas que aborden las posibles controversias antes de que se conviertan en problemas significativos.
En última instancia, la revisión y mejora constante de los programas sociales son esenciales para garantizar que cumplan su propósito principal de brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan, sin dejar de abordar las posibles críticas y controversias que puedan surgir en el proceso.
¿En qué consiste el Plan Potenciar Trabajo y cuál es su método de administración?
El Plan Potenciar Trabajo es un programa social implementado en Argentina que busca promover la inclusión social y mejorar las condiciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad. A grandes rasgos, el Plan Potenciar Trabajo consta de dos componentes principales:
- Potenciar Trabajo Acompañamiento: Este componente está dirigido a personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social y económica. Busca brindar acompañamiento, orientación y apoyo para mejorar su situación a través de acciones que promuevan la inclusión social y laboral.
- Potenciar Trabajo Empleo: Este segmento del programa está destinado a personas desocupadas mayores de 18 años que reciben el Salario Social Complementario. Su objetivo es facilitar la inserción laboral a través de proyectos socio-productivos, fomentando la generación de empleo y proporcionando capacitación.
Poner en práctica este programa implica una jornada laboral de cuatro horas diarias, con una compensación equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Actualmente, este programa, administrado por el anterior Ministerio de Desarrollo Social, beneficia a 1,5 millones de personas, consolidándose como el principal plan social de Argentina.
Fuente: LP CONSULTING en base a Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
A pesar de que la gestión del plan no recae en manos del Estado, sino que ha sido privatizada, el acceso a sus beneficios no es directo para los interesados. No pueden acudir individualmente al Ministerio de Desarrollo Social. Para ser beneficiario del plan Potenciar Trabajo, es necesario estar vinculado a una unidad ejecutora, lo que implica asociarse con grupos piqueteros y organizaciones sociales.
Aunque el Ministerio realiza directamente el pago al beneficiario, la inscripción y certificación de las cuatro horas diarias de trabajo requeridas por el programa recae en las unidades ejecutoras. Estas entidades son responsables de avalar el cumplimiento de las condiciones establecidas
Es en este punto donde surgen desafíos desde su concepción. La obtención de este beneficio está condicionada por la lealtad y vinculación de la persona con un grupo piquetero, más que por una necesidad real. Aunque los criterios de elegibilidad están claramente definidos en términos normativos, en la práctica, la forma de incorporar a los beneficiarios no es transparente.
Dado que la gestión está en manos de estas organizaciones, se presentan numerosas dificultades para verificar si las personas realmente necesitan el plan o si están cumpliendo efectivamente con las horas de trabajo especificadas. La inclusión de las organizaciones sociales como intermediarias también ha dado lugar a casos de corrupción, ya que la falta de transparencia puede propiciar malas prácticas.
¿Cómo abordar o gestionar los programas sociales?
Los planes sociales, en teoría destinados a brindar asistencia y orientar a los beneficiarios hacia el empleo formal, enfrentan desafíos significativos en el complejo mercado laboral argentino. Más allá de los casos de corrupción, la realidad es que estos programas no han logrado reducir la pobreza ni integrar a las personas vulnerables en el empleo formal.
Es crucial reconocer que para salir de la pobreza se requiere empleo, y los planes sociales, en su forma actual, no son soluciones a largo plazo. Deberían concebirse como medidas paliativas para situaciones de emergencia. Sin embargo, la efectividad de estos planes depende en gran medida de su diseño y gestión.
Fuente: LP CONSULTING en base a Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Un enfoque más efectivo implicaría no solo proporcionar asistencia económica, sino también implementar estrategias para mejorar la capacitación laboral y crear oportunidades reales de empleo formal. La inversión en programas de desarrollo económico y educación podría ser fundamental para abordar las raíces estructurales de la pobreza y fomentar una transición más exitosa hacia el empleo sostenible. Aquí hay algunas sugerencias generales que podrían abordar cuestiones críticas asociadas al programa:
- Evaluación Integral: Llevar a cabo una evaluación exhaustiva del impacto y la eficacia del Plan Potenciar Trabajo. Esto incluiría analizar resultados, identificar áreas de mejora y evaluar su coherencia con los objetivos originales.
- Revisión de Diseño y Gestión: Evaluar el diseño y la gestión del programa para identificar posibles mejoras. Esto podría implicar simplificar procesos, reducir la burocracia y fortalecer los mecanismos de transparencia.
- Transparencia y Rendición de Cuentas: Mejorar la transparencia en la administración del programa. Establecer mecanismos claros de rendición de cuentas para garantizar que los fondos se utilicen eficientemente y de acuerdo con los objetivos del programa.
- Enfoque en Desarrollo Económico: Integrar estrategias de desarrollo económico local para crear oportunidades de empleo sostenible, complementando las medidas asistenciales del programa.
- Capacitación y Desarrollo de Habilidades: Fortalecer la componente de capacitación del programa para mejorar las habilidades laborales de los beneficiarios y aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
- Monitoreo Continuo y Retroalimentación: Implementar un sistema de monitoreo continuo y recopilar retroalimentación regular de los beneficiarios y otras partes interesadas para realizar ajustes según sea necesario.
Además de los desafíos mencionados, la complejidad aumenta al considerar que el Potenciar Trabajo no opera de manera aislada, sino que coexiste con otros planes a nivel nacional, así como con programas provinciales y municipales. Esta superposición da lugar a una maraña de beneficios duplicados, incrementa la burocracia y, lamentablemente, crea un terreno propicio para prácticas corruptas.
La existencia simultánea de diversos programas requiere una coordinación eficiente entre niveles de gobierno para evitar duplicaciones y garantizar la efectividad de los recursos. Un enfoque integral y una supervisión rigurosa son esenciales para eliminar la redundancia, simplificar los procesos administrativos y minimizar las oportunidades para la corrupción. La revisión y mejora constante de la estructura de los programas sociales son cruciales para optimizar su impacto y asegurar que realmente aborden las necesidades de quienes más lo requieren.
La propuesta para resolver esta problemática consiste en adoptar un enfoque más simple y transparente, consolidando todos los planes sociales en uno único, similar a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En lugar de mantener varios programas que enfrentan dificultades operativas, se sugiere que el Estado nacional establezca los criterios de elegibilidad, dejando a los gobiernos locales la responsabilidad de verificar la información de los beneficiarios.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia, se propone eliminar intermediarios, como los piqueteros u organizaciones sociales, facilitando así una distribución más directa y equitativa de los fondos. Los recientes anuncios, como la duplicación de la Asignación Universal por Hijo y el aumento del 50% en la tarjeta Alimentar en momentos de emergencia y ajuste de la inflación reprimida, sugieren un cambio en esta dirección.
La automatización del acceso a la ayuda social para las personas en situación de pobreza, a través de programas directos como la AUH y la tarjeta Alimentar, emerge como una alternativa eficaz y sin intermediarios. Es esencial que estos paliativos se ajusten gradualmente a medida que la situación de emergencia se atenúe, evitando así la perpetuación de los beneficiarios como clientes a largo plazo.
Fuente: LP CONSULTING