Mientras que junio cerrará con un aumento del 56%, se espera que en julio el número sea aún mayor, que sería un aumento récord.
Al mismo tiempo que el Congreso debate una reforma en la polémica Ley de Alquileres, los mismos volverán a tener una fuerte suba que impactará directamente en el bolsillo de los inquilinos. Mientras que junio cerrará con un aumento del 56%, se espera que en julio el número sea aún mayor, que sería un aumento récord.
De acuerdo a los cálculos realizados por el Colegio Profesional Inmobiliario, los nuevos contratos se están cerrando con subas de más del 50%. Pasando el incremento a cifras concretas, las personas que pagaban en julio del año pasado $50.000, en el mismo mes del 2022 pasarán a abonar $78.500.
“Nunca tuvimos un índice tan alto, por eso lo que estamos planteando en la nueva ley de alquileres es la libre pactación entre las partes y jamás estaríamos pactando en estos valores. Estos índices son muy altos y muy de golpe, porque implica que si se estuvo pagando durante doces meses prácticamente el mismo importe y de repente se salta a casi el 60% suena muy fuerte para el inquilino tener que atender este pago”, aclaró Marta Liotto, presidenta de la entidad.
El miércoles pasado un plenario de comisiones emitió dos dictámenes para reformar la ley, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.
Más allá de tener más firmas en los dictámenes, la unión de fuerzas opositoras y la concurrencia en el recinto de los bloques que no tienen representación en las comisiones, muestra un escenario en el cual los aliados impondrían en el plenario su número por sobre el del FdT.
Además, los legisladores opositores especulan con que el oficialismo del Senado, si bien dispone de una mayoría más holgada para imponer su voluntad, enfrentaría un fuerte desgaste político si se opusiera al progreso de una reforma muy demorada y reclamada por propietarios e inquilinos mientras el mercado locativo sigue deteriorándose.