Paradójicamente, la pobreza sigue aumentando con un gobierno cuya principal bandera es la justicia social. El incremento del gasto público, incluido el asistencial, provoca una aceleración inflacionaria que condena a cantidades crecientes de personas, especialmente niños, a vivir en la pobreza.
El INDEC informó que entre el primer y segundo semestre del 2022 la pobreza pasó del 36,5% de la población al 39,2%. La preocupación y la angustia que genera este salto en la pobreza se acrecientan dado que la incidencia de la pobreza en la actualidad seguramente está siendo aún más alta debido a la aceleración inflacionaria de los primeros meses del 2023.
La pobreza es un fenómeno multi-causal. Un factor muy importante es la imposibilidad que sufren muchas personas de acceder a empleos de calidad, tanto debido al estancamiento económico como a las carencias de habilidades laborales pertinentes. Otra causa es la alta inflación. Las evidencias muestran que los segmentos sociales más vulnerables tienen mayores dificultades para defender sus ingresos frente a la erosión que provoca el aumento generalizado de los precios. La alta inflación no solo conspira contra un buen funcionamiento de la economía, sino que también tiene un impacto muy regresivo en la distribución personal del ingreso.
Para explicar el aumento de la pobreza desde que asumió el actual gobierno se puede hacer la siguiente comparación. Entre el segundo semestre del 2019 y el segundo semestre del 2022 se observa que:
- El gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI, dentro del cual el gasto en planes asistenciales (sin incluir la AUH), pasó de 0,7% al 1,8% del PBI.
- La inflación paso del 53% al 85%
- La cantidad de pobres pasó de 10 millones a 11,5 millones de personas.
Estos datos muestran que el aumento del gasto público y, en particular, el destinado a paliar la situación de los pobres –el gasto asistencial–, fue ineficaz para reducir la pobreza. Por el contrario, el incremento de las erogaciones produjo una aceleración de la inflación que llevó a que más gente tenga ingresos que no superan la línea de pobreza. Se trata de un desesperante círculo vicioso: para tratar de bajar la pobreza se aumenta el gasto público, pero esto acelera la inflación, lo que provoca más aumento de la pobreza.
La situación se presenta muy dramática para los próximos meses porque es poco probable el crecimiento de los precios se modere. Esto plantea enormes desafíos para el próximo gobierno. La receta de bajar el gasto público a los fines de reducir la inflación ahora encuentra nuevas resistencias. Una de ellas es el creciente peso de los planes asistenciales en el gasto público total. El gasto asistencial ya se acerca a una suma equivalente a los salarios de los empleados públicos y un tercio de las jubilaciones contributivas. El aumento del gasto asistencial no sirvió para bajar la pobreza, pero sí para convertirlo en un componente muy importante del gasto público total con poderosos intereses que resisten su revisión. Los fracasos que viene acumulando la actual Ministra de Desarrollo Social al intentar depurar los padrones es una prueba contundente.
Se trata de otro indicio de que las políticas de ajuste fiscal tradicional no sirven para resolver los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el Estado argentino. Por esto, es necesario un planteo más disruptivo que apunte a un ordenamiento integral del sector público. En esta lógica, las provincias tienen que asumir sus responsabilidades en las funciones sociales (vivienda, urbanismo, salud, educación y asistencia social) y hacerse cargo de financiarlas con los impuestos que se recaudan en sus territorios. La principal fuente de financiamiento de las provincias debería ser el IVA que genere su territorio y la coparticipación debería ser eliminada. Con esta organización se generarán los incentivos para que cada provincia sea artífice de la reducción de la pobreza en su territorio.
La Nación debe concentrarse en sus funciones, que son la integración al mundo –tan deteriorada como la situación social– y velar por la estabilidad macroeconómica. Esto implica que los ministerios nacionales de salud, educación y desarrollo social deben ser reducidos en su estructura burocrática sustancialmente y convertidos en agencias técnicas de evaluación de los resultados sociales de las provincias.
Fuente: IDESA.org