Lo que invierte la Nación y las provincias en planes asistenciales alcanzaría para eliminar la pobreza. El principal factor que explica que esto no ocurra es la muy baja calidad de la gestión pública. Otro ejemplo de lo urgente y fundamental que resulta el ordenamiento integral del Estado.
El diseño de la Asignación Universal por Hijo (AUH) establece que los hogares beneficiados cobran el 80% del subsidio de manera automática y el 20% restante condicionado a controles de salud y educación. Si bien el Estado administra la educación y la salud, el control de la ANSES consiste en exigir a los beneficiarios que gestionen los certificados de cada hijo en las escuelas y los hospitales. Esta concepción del ciudadano “cadete” del Estado multiplica los gastos administrativos, los costos para las familias y facilita el fraude. En la práctica, hace que los controles de salud y educación en la AUH no se hagan.
Adicionalmente, el Estado nacional administra varios otros programas para asistir a los mismos hogares. A la AUH se le suman la Tarjeta Alimentaria y el Potenciar Trabajo. Las provincias y municipios, por su parte, financian programas similares para las mismas familias. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay otra tarjeta alimentaria denominada Ciudadanía Porteña, destinada a la misma gente que recibe la AUH, con los mismos requisitos de salud y educación que, al igual que con la ANSES, no se controlan.
Para dimensionar el esfuerzo que el Estado argentino hace en planes asistenciales se puede comparar lo que se necesitaría para terminar con la pobreza de ingresos con lo que el Estado gasta en planes asistenciales. Procesando datos del INDEC y el Ministerio de Economía referidos al 1° trimestre del 2022 se observa que:
- Para terminar con la pobreza urbana de ingresos se necesitaban unos $140 mil millones mensuales.
- El gasto en la AUH y los planes del Ministerio de Desarrollo Social ascendió a $90 mil millones mensuales.
- El gasto asistencial de las provincias ascendió a unos $30 mil millones mensuales.
Recursos necesarios para erradicar la pobreza y gasto asistencial
Promedio mensual, en millones de pesos para el 1° trimestre del 2022
Fuente: IDESA en base a INDEC y Ministerio de Economía
Estos datos muestran que, sumando el gasto asistencial nacional y provincial, se llega a un monto bastante cercano a lo que se necesitaría para que cada hogar pobre deje de serlo. Ciertamente que se trata de un cálculo muy aproximado y que la pobreza es un fenómeno mucho más amplio y complejo que la insuficiencia de ingresos. Pero este ejercicio da una idea del masivo desvío de recursos derivado de la pésima gestión pública.
Un ejemplo muy ilustrativo son las reacciones que generó el anuncio de que en CABA se comenzarán a aplicar los controles de salud y educación. Los controles generaron polémicas. Pero no el hecho de que los pobres que viven en CABA, además de recibir asistencialismo de varios programas nacionales (AUH, Tarjeta Alimentaria, Potenciar Trabajo), sean cubiertos por un programa local que tiene similar diseño (Ciudadanía Porteña). Parece que no hay conciencia de que el solapamiento de programas además de ser tortuoso para las familias es muy oneroso para el Estado. Se multiplican los gastos administrativos, en empleados públicos y en comisiones bancarias. El resultado es que llega menos plata a los pobres porque mucha se pierde en la intermediación y en la muy precaria gestión. Pierden los pobres y ganan los que usan a los pobres.
La lógica de los programas de “transferencias condicionadas de ingresos” –que son muy aplicados en el resto del mundo– es dar una señal contundente a las familias sobre la importancia de la educación y el cuidado de la salud de los niños. Si un hogar no los cumple hay una situación grave que amerita una acción más vigorosa del Estado. Limitarse a seguir transfiriendo ingresos a los hogares donde los niños no reciben cuidados elementales de salud ni educación no es un acto solidaridad sino de hipocresía. Es resignarse a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
La degradación de la gestión pública no se revierte con acciones aisladas, como convocar a las universidades para auditar los programas asistenciales. Se necesita un ordenamiento integral del Estado para aumentar la calidad de la gestión pública y así su sostenibilidad financiera. En materia de asistencia social, un solo nivel de gobierno debería administrar un solo programa, con criterios de elegibilidad transparentes y donde los controles (salud, educación, etc.) sean automáticos con la información de los diferentes organismos públicos (centros de salud, escuelas, etc.).
Fuente: IDESA.org