El espacio político presentó un pedido de informe en el Congreso de la Nación para indagar sobre los detalles de la cuestión.
El Frente de Todos (FdT) presentó un pedido de informes al Banco Central y a las autoridades económicas para que se profundice la investigación sobre los responsables de la fuga de capitales registrada en el país durante el gobierno de Cambiemos.
El pedido fue formalizado durante la reunión por videoconferencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, de la que participan legisladores de ambas cámaras parlamentarias de las distintas bancadas políticas.
El oficialismo fundamentó la medida en un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) según el cual entre 2015 y 2019 la fuga superó los 86.000 millones de dólares.
En representación del Frente de Todos, los senadores Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnún fueron los encargados de fundamentar el pedido de informes que trasldarán al BCRA y a distintos organismos públicos como la AFIP y la UFI (Unida de Información Financiera).
Parrilli aclaró que el objetivo es determinar responsabilidades en quienes fugaron divisas del país y en funcionarios de la última administración que habrían avalado esas maniobras.
“Nuestra intención es identificar claramente quiénes han sido los responsables de esta fenomenal fuga que hubo en estos tres años, y si fue exacerbada y alentada desde las más altas autoridades de Central y Economía para promocionar y desentenderse de las consecuencias negativas“, sostuvo Parrilli.
Sacnún también incluyó en la solicitud la necesidad de investigar el pedido de préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del gobierno anterior, “un crédito, dijo, que ha traído consecuencias políticas y económicas muy importantes para la Argentina a nivel mundial“.
En representación de la izquierda, los diputados Nicolás Del Caño y Romina del Plá -que asisten a la reunión como invitados ya que no forman parte de la comisión- reclamaron que se rechace el pago de una deuda a la que calificaron como “ilegal y fraudulenta“.
Télam