Es por los encuentros habituales de los jueces Mariano Borinksy y Gustavo Hornos con el expresidente fuera de un marco institucional.
La revelación de que jueces y fiscales realizaron visitas reiteradas a la quinta presidencial de Olivos para encontrarse con el entonces presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019 generó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores del oficialismo, quienes anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en el Congreso y que promoverán la revisión de esas conductas en el Consejo de la Magistratura.
Desde el plano legislativo, el titular de la bicameral de monitoreo a organismos y actividades de Inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires), adelantó que promoverá la creación de “una comisión investigadora muy amplia” para investigar estos episodios ya que, a su entender, se trata de un “escándalo de proporciones”.
“Esto va a tener consecuencias muy graves”, alertó asimismo Moreau, para quien las visitas recurrentes de algunos jueces a Olivos “confirman que Macri era el articulador de esta política de persecución”.
“El Consejo de la Magistratura va a tener que intervenir”, advirtió por último en declaraciones radiales.
En el caso del organismo que analiza el desempeño de los magistrados, el consejero y juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones -quien ocupa la vicepresidencia del cuerpo, por detrás del titular Diego Molea- aseguró hoy que el Consejo “le pedirá explicaciones” a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por asistir a la quinta de Olivos para reunirse con Macri durante la gestión de Cambiemos.
En el caso de Borinsky se trata de al menos 15 visitas a la residencia presidencial, realizadas entre 2016 y 2019, reveladas tras un pedido de acceso a la información pública realizado por el portal de noticias El Destape, mientras que Hornos, titular de Casación, tiene registradas dos visitas a la quinta de Olivos (que se suman a otros seis ingresos a la Casa Rosada, ya conocidos, entre 2015 y 2018, que motivó una denuncia pública del hoy ministro de Justicia, Martín Soria).
“Se verá si existe algún tipo de falta que merece una sanción”, adelantó Lugones, quien además planteó que en el caso de que los magistrados en cuestión “no tengan explicaciones para dar, se avanzará” con los procedimientos previstos por el Consejo de la Magistratura, para lo cual, detalló, se revisarán “los datos que figuran (en las planillas de registros de visitas a Olivos)“ con el objeto de determinar si esas visitas “tuvieron que ver con resoluciones judiciales tomadas”.
“En el Código Procesal Civil dice que es causal de juicio político o de alguna sanción disciplinaria que habría que estudiarla en el momento en que el tema se plantee en el Consejo”, agregó el vicepresidente del Consejo de la Magistratura.
Además, Lugones planteó que las visitas reiteradas y habituales de un magistrado a Olivos pueden derivar en que alguna de las partes que se haya visto afectada por una resolución dictada por ese mismo juez plantee la nulidad de ese acto procesal con el recurso de la ‘cosa juzgada írrita’ y con el argumento de que “había un vicio que impedía que el magistrado se expidiera en ese expediente”.
“La Constitución permite el diálogo institucional que se da entre los titulares de algún poder del Estado, y recordemos que el Estado tiene cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público de la Nación. Sin embargo, estas visitas que ahora salen a la luz no se dieron en ese marco de diálogo institucional, y el marco no permite tener una opinión satisfactoria de ellas”, afirmó De Vedia.
“Uno de los motivos aparentes de estas visitas fueron prácticas deportivas como jugar al tenis o al fútbol, por lo que queda de manifiesta una mayor relación o habitualidad en esa relación, incluso hasta camaradería o cierta amistad, lo que no es saludable para la división de poderes y para los frenos y contrafrenos que tienen que existir institucionalmente”, agregó el fiscal en diálogo con esta agencia.
Fuente: Télam