Impulso

Las negociaciones por la deuda ubicaron al caso argentino en un terreno inédito en el plano de las finanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita –en la que existiría un acercamiento importante- ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.

La distancia legal entre las partes, reconocida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana, puede tener fuertes connotaciones para las futuras reestructuraciones de deuda de los países, en el contexto de la pandemia de coronavirus y sus efectos económicos.

Guzmán acusó en varias oportunidades al grupo Ad Hoc, entre los que se encuentran los fondos Blacrock y Ashmore, de exigir “términos legales que son imposibles de cumplir” para la Argentina.

Al hablar en un encuentro organizado por el Council of the Americas, el ministro dijo que la propuesta del país toma como eje las cláusulas de mayorías para facilitar un acuerdo que fueron promovidas por el G20 y el FMI.

“No estamos buscando innovaciones en este momento, solo queremos resolver” la crisis de la deuda, subrayó Guzmán.

El planteo de ese grupo se centra en que la cláusula de mayoría -que determina el porcentaje necesario que requiere un proceso de reestructuración para ser aceptado por los bonistas- se rija en base a los términos existentes en los bonos emitidos en el canje de 2005, que tiene un umbral más alto que los fijados a partir de 2016, tras las discusiones desatadas en los años previos en contra del accionar de los fondos buitres.

Guzmán acusó los acreedores de querer obligar al país a “volver en el tiempo“, en materia de “los progresos de los últimos años en las CAC (cláusulas de mayoría) avalado por el G20 y el FMI es algo que la Argentina no puede hacer“.

Vale la aclaración que la aplicación de las CAC fue resultado de negociaciones de los últimos años entre los países centrales y los grandes bancos y fondos acreedores, que aceptaron ceder su posición incorporando cláusulas de mayorías en los contratos de los bonos, para no entorpecer operaciones de deuda y evitar bloqueos de minorías a la operación propuesta por el país deudor.

Las CAC de “primera generación” fueron utilizadas por Argentina en 2005 y 2010, y luego, tras la crisis mundial del 2009 y el caso griego surgieron las cláusulas de segunda generación, más flexibles en favor del deudor, que también tomó el país para sus emisiones a partir del 2016.

Hoy se calcula que un 50% de las emisiones de deuda de emergentes utilizan las CAC mejoradas, que comenzaron a aplicarse desde el 2015.

LOS DICHOS DE GUZMÁN Y SOLBER

Los mensajes de Guzmán tuvieron el doble objetivo: por un lado plantarse en la negociación con los acreedores que pretenden ir contra la corriente internacional en favor de sus intereses y, por otro, tranquilizar a la comunidad internacional que interpreta que la Argentina, a la luz de la oferta, estaría utilizando a su favor un vacío legal.

Mark Solber, uno de los ideólogos de la CAC y ex funcionario del Tesoro de EEUU, fue uno de los primeros que analizó el tema en una publicación del influyente think tank “OMFIF”, donde puso reparos a las intenciones eventuales de la estrategia argentina.

Inmediatamente después al pronunciamiento del FMI sobre la oferta argentina, que argumentó que era consistente con el criterio de sustentabilidad, Solber advirtió que la actitud de los negociadores podría “socavar el importante logro” de las CAC mejoradas para posibilitar un acuerdo, en un mundo donde no existe un sistema que regule la quiebra de países.

Dijo que en cualquier acuerdo de buena fe al que se llegue, las partes deberían usar las Cláusulas de Acción Colectiva Mejoradas y que “Argentina y sus acreedores deberían apegarse a este estándar“.

El ex funcionario estadounidense exhortó además al FMI y al G20 a movilizarse al respecto, ya que “necesitan hablar públicamente, reafirmando con fuerza su respaldo a los CAC mejorados“.

Télam