El proyecto sancionado este fin de semana procura alcanzar la solvencia fiscal y reactivar la economía, entre otras cosas.
El Congreso Nacional aprobó la ley que autoriza al Gobierno a establecer un impuesto del 30% a la compra de divisas, subir las alícuotas de Bienes Personales y abrir una moratoria impositiva para las pymes, entre otras iniciativas, con el objeto de alcanzar la solvencia fiscal, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la economía.
Asimismo, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva prevé el congelamiento de tarifas, facultar al Poder Ejecutivo (PE) para aumentar retenciones a determinados productos agropecuarios, y la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria mientras se analiza un nuevo índice de ajuste.
En un larga sesión del parlamento, que comenzó el último miércoles en la Cámara de Diputados y culminó en la madrugada del sábado en el Senado, los legisladores le dieron el aval al megaproyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Entre los principales puntos de la iniciativa, se prevé que el Poder Ejecutivo congele las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción nacional por un plazo de 180 días mientras se realiza la revisión integral de las mismas, y se intervienen el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Asimismo, se pondrá en marcha una moratoria destinada a las pymes para el pago de deudas y de aportes, con plazos de hasta 120 cuotas con seis meses de gracia por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre del 2019, con quita de intereses y de capital.
Otro punto trascendente de la iniciativa es el establecimiento de un impuesto del 30% a la adquisición de divisas para turismo y atesoramiento, o compras que supongan el uso de moneda extranjera por el término de cinco años, y que tiene como finalidad la de preservar los dólares que conforman las reservas internacionales del país e incentivar el ahorro en pesos.
En cuanto al impuesto a los Bienes Personales, la alícuota se ubicará en un rango de 0,50% al 1,25%, pero podría alcanzar el 2,5% en el caso de bienes en el exterior, al menos que los mismos sean repatriados.
Por otra parte y en el caso de los derechos de exportación, se faculta al Gobierno a fijar nuevos topes de retención, en una medida destinada a incrementar los recursos y alcanzar el equilibrio fiscal.
Así, se prevé que la alícuota que deberá tributar la exportación de porotos de soja podría alcanzar el 33%, mientras que el trigo, maíz, girasol, sorgo y demás podría pasar de pagar el 12% actual al 15%, al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo establecerá un mecanismo “de segmentación y estímulo” a los pequeños productores y cooperativas.
Por su parte, los derechos de exportación a los hidrocarburos y minería se fijarán en el 8%.
Télam