Las provincias que se desempeñan en ese mercado y serán consideradas en el plan son Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
El Gobierno nacional desarrollo el Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
Lo hizo mediante el decreto 615/2020 publicado en el Boletín Oficial, que puntualizó que el Programa de Asistencia consistirá en la prórroga de los vencimientos generales para el pago de obligaciones de la seguridad social que operen desde el 1 de junio último hasta el 31 de diciembre próximo.
Además, se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En tanto, los sujetos alcanzados por el programa son los actores directos de la cadena de producción de peras y manzanas, es decir, los productores, empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores.
Para ser considerada por el plan, la actividad desarrollada en la cadena de producción de peras y manzanas debe constituir la principal, entendiéndose por tal, aquella que haya generado más del 50 por ciento de los ingresos brutos totales en el año fiscal 2016.
También aquella en la que se haya empleado más del 50 por ciento de la nómina salarial de la empresa, excluidos los empleados temporarios, debiéndose considerar el promedio anual correspondiente al año fiscal 2016.
En el caso de haber iniciado actividades en 2016, cuando el período a considerar fuera inferior a 12 meses, se anualizarán los ingresos obtenidos desde la fecha de inicio de dichas actividades.
Por otro lado, los beneficiarios deberán acreditar que los ingresos brutos totales en 2016 o ejercicio económico cerrado en ese año, no hayan superado la suma de 7 millones de pesos. En paralelo, en caso de haber iniciado actividades en ese año, cuando el período a considerar fuera inferior a 12 meses, se anualizarán los ingresos obtenidos.
Quienes accedan a la asistencia también tendrán que acreditar, mediante certificación de la autoridad provincial competente, que ingresó en un plan de mejora de la competitividad.
Télam