Impulso

El nuevo gobierno se enfrenta a un desafío apremiante con el manejo del volumen de los pasivos remunerados del Banco Central. No obstante, desmontar esta situación podría convertirse en una decisión significativamente costosa sin el respaldo de la confianza y la disposición de la población para retener pesos.

El gobierno anunció la reducción de las transferencias discrecionales a provincias dentro del paquete de ajuste fiscal. Esto disminuye el déficit fiscal en el corto plazo. Pero para que sea sustentable en el mediano plazo se necesita un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre la nación y las provincias.

El ex-presidente Alberto Fernández rechazó la idea de que la pobreza en Argentina supere el 40%, argumentando que las mediciones del INDEC son incorrectas ¿Esto realmente es así o tan solo es un intento por defender su gestión?

La enorme acumulación de leliq y pases plantea uno de los desafíos más urgentes para el nuevo gobierno. Esto no se resuelve con cambios en la política monetaria y cambiaria, ni ajuste fiscal, sino convenciendo a la gente de que con el ordenamiento integral del Estado se terminará con el déficit fiscal crónico.

El aumento de la inflación, particularmente de los bienes que conforman las canastas que se utilizan para medir la indigencia y la pobreza, hace que cada vez resulte más difícil llegar a fin de mes. ¿A qué se debe y qué consecuencias trae?

La reducción en el impuesto a las ganancias está impactando sobre los ingresos de las provincias. En lugar de discutir compensaciones es la oportunidad para llegar a un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que incluya distribuir las fuentes tributarias y sustituir la coparticipación por un Fondo de Convergencia.

El dispositivo institucional que más compromete el funcionamiento de las sociedades modernas es el previsional. Al ser derechos vitalicios, decisiones que se tomaron en el pasado generan compromisos fiscales en el presente. Con el ordenamiento previsional se pueden mejorar los resultados a futuro.

La inflación que mide el organismo oficial no refleja los aumentos reprimidos detrás de los controles de precios ni la emisión monetaria contenida por los pases y leliqs del Banco Central. La liberación de estos factores de contención será muy traumática si no va a acompañada de un ordenamiento integral del Estado.

La coparticipación no es un reparto que decide el Estado nacional. Es el fruto de un acuerdo político entre el Estado nacional y cada una de las provincias. Acuerdo de mucho peso porque son las provincias las que tiene las competencias tributarias. Por el acuerdo, ellas delegan dichas competencias al Estado nacional para que recaude y distribuya.

Mientras algunas provincias plantean juicios ante la Corte cuestionando la coparticipación, otras alertan que, si se eliminara, no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos. La coparticipación no tiene arreglo. Hay que adoptar la regla de correspondencia fiscal: el que gasta, recauda.