La situación económica del país se complicó aún más por la pandemia. En paralelo, Bolsonaro intenta implementar un plan social a futuro.
En plena crisis económica acentuada por la pandemia, Brasil registró en los primeros siete meses de 2020 el mayor déficit fiscal de su historia, unos 88.700 millones de dólares, con lo cual la deuda pública subió al 86,5% del PBI en julio, según divulgó el Banco Central.
En julio, el sector público registró un déficit primario de 81.100 millones de reales (14.880 millones de dólares). De acuerdo a los datos del Banco Central, la relación deuda-PBI aumentó 1 punto porcentual respecto de junio, sobre todo porque el gobierno ha declarado la emergencia y eso le permite gastar sin límite este año para enfrentar la pandemia. En 2019 la relación era de 75,8 y venía en ascenso antes de la pandemia.
Los números se refieren al desempeño fiscal del gobierno federal, los estados (provincias), municipios y empresas estatales, excluidos bancos, la petrolera Petrobras y la compañía de energía Eletrobras, y sin contar el pago de intereses de deuda.
Dado el derrumbe económico provocado por la pandemia, el gobierno impulsó planes de apoyo a las empresas, con el pago de parte de los salarios por ejemplo, y ejecutó una ley del Congreso que aporta 120 dólares mensuales hasta septiembre a los trabajadores informales y desocupados que no cobren otros subsidios. Este último programa llegó a casi la mitad de la población.
El gobierno de Jair Bolsonaro se encuentra en este momento en plena negociación del presupuesto 2021, para el cual debe respetarse la enmienda constitucional de 2017 llamada “techo del gasto“, que congela las inversiones en todas las áreas para cumplir con las metas fiscales.
En ese marco, el presidente Bolsonaro busca consolidar un plan social que sea su marca, al que pretende llamar Renta Brasil, para cuando se termine la ayuda por la pandemia. Sin embargo, su financiación es un motivo de debate interno en el gobierno.
Télam